Dos jueces de La Romana e Higüey destituidos por el Consejo del Poder Judicial (CPJ) incurrieron en falta graves en el cumplimiento de sus funciones, y no podrían volver a ejercer funciones judiciales en el futuro.
Los jueces destituidos son Altagracia Sánchez Molina, de la Camara Civil y Comercial de La Romana y Oscar Caraballo Merino, juez de Tierras de la Juridicción de Higuey, en La Altagracia.
En la decisión, la jueza Sánchez Molina ha ocasionado graves daños a la compañía NewCo, MG. “al emitir una decisión basándose en un contrato de promesa de compraventa que no fue depositado en el expediente”.
La jueza permitió en su tribunal que personas vinculadas al mismo manejaran asuntos que no eran de su competencia, como es el caso de los expedientes y que se fallaran asuntos de amigo, compadre y abogado a su servicio en ocasiones, sin tomar ninguna medida prudencial “y por tanto en violación a los principios éticos que deben ser el soporte de actuación de todo juez”.
Imputaciones del juez
La destitución como juez de Adolfo Oscar Caraballo se produjo irregularidades en la sentencia No.2009000147 en la que se hace constar que el señor Benito Pache compareció a la audiencia y éste había fallecido.
El entonces juez designó a Yumely Alexander Herrera de Gracia, que había sido cancelado como secretario titular cuando la persona que tiene la firma registrada para desempeñar dichas funciones es la licenciada Emilia Reyes. Haber comprado una Toyota Hi Lux, año 2009, sin notificar dicha compra a la Suprema Corte de Justicia, realizando pagos por encima de su salario.
Otras razones tomadas en cuenta para destituirlo fue verificar que registró inversiones en el Banco Central por un monto de RD$13,301,000.00 conjuntamente con su hermana y su esposa. Una cuenta con el Banco de Reservas por más de RD$1,500,000.00 y ganado, sin que esto se refleje en su última declaración jurada de bienes”.
Además el juez fue acusado de que en el tribunal no había protocolos de los años 2009 y 2010, ni archivos de documentos de expedientes fallados. Se le imputó producir un auto de inhibición irregular el 4 de agosto del 2010 con relación al expediente de la nombrada Celestina Guerrero viuda Severino.
Producir el Auto de inhibición irregular del 29 de junio del 2010, con relación a la razón social Inversora Internacional Hotelera. Y otra en la que dictó una resolución en la que debió inhibirse.
El consejo, presidido por Mariano Germán Mejía, también presidente de la Suprema Corte de Justicia e integrado además por Dulce Rodríguez de Goris, Samuel Arias Arzeno, Francisco Arias Valera y Elías Santini Perera, impuso a los magistrados como sanción disciplinaria su destitución y su desvinculación del sistema de carrera judicial.
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